Homicidios en las cárceles y el rol forense de Gendarmería

El aumento de asesinatos en los recintos penitenciarios de Chile —un 36% a nivel nacional y hasta un 150% en la Región Metropolitana durante 2024— es un síntoma alarmante de la crisis de seguridad en nuestro sistema carcelario. No solo revela la fragilidad del control interno, sino que también tensiona el rol de Gendarmería de Chile como primer respondiente en la investigación penal dentro de las cárceles.

El artículo 79 del Código Procesal Penal es claro: cuando en un establecimiento penitenciario se comete un delito, Gendarmería tiene la obligación de informar inmediatamente al Ministerio Público y practicar las diligencias mínimas necesarias para asegurar el sitio del suceso, evitar la fuga de los responsables, proteger a las víctimas y custodiar las evidencias. En otras palabras, no se trata únicamente de un rol de vigilancia o custodia de internos: la ley les reconoce un papel procesal en el inicio de la investigación criminal.

Este punto abre una discusión fundamental: ¿están los funcionarios de Gendarmería realmente preparados para cumplir con estas exigencias? La investigación criminalística no es un asunto improvisado; requiere conocimientos técnicos en preservación de la escena, cadena de custodia, descripción de lesiones, recolección de evidencias biológicas, interpretación médico-legal y coordinación con fiscales y policías. Sin formación sólida en ciencias forenses, el riesgo de errores aumenta, comprometiendo no solo la eficacia de la persecución penal, sino también el derecho de las víctimas a obtener justicia.

La realidad es que, salvo cursos internos o capacitaciones aisladas, la formación forense en Gendarmería no es sistemática ni certificada. Ello resulta preocupante en un escenario donde los homicidios en cárceles crecen de forma explosiva. Cada muerte mal investigada al interior de un penal no es un problema aislado: erosiona la confianza en el Estado de derecho, genera la percepción de impunidad y perpetúa la violencia institucionalizada tras los muros carcelarios.

Aquí surge además un dilema mayor: ¿qué grado de objetividad puede tener Gendarmería en la investigación de un delito cometido bajo su propia custodia? Si bien el Código Procesal Penal les otorga facultades claras como primeros intervinientes, el hecho de que la institución investigue un suceso ocurrido en un entorno que ella misma administra puede abrir espacios de dudas sobre imparcialidad. Esto hace aún más necesario que su participación esté respaldada por estándares técnicos, transparencia y supervisión externa del Ministerio Público.

Urge, por tanto, una política pública de fortalecimiento forense en Gendarmería. Esto implica:

1. Programas de formación obligatoria y certificada en ciencias forenses para los funcionarios que cumplen tareas investigativas.
2. Protocolos de coordinación con las Policías, Ministerio Público, el Servicio Médico Legal y los Tribunales de Justicia, que reconozcan a Gendarmería como un actor válido en la etapa inicial de la investigación, pero bajo control externo.
3. Especialización de unidades de investigación penitenciaria, con equipos técnicos que puedan actuar con estándares equivalentes a los de laboratorios criminalísticos externos.

En un país donde la violencia penitenciaria amenaza con desbordar los márgenes de control, no basta con custodiar internos; se debe custodiar también la verdad y la justicia. El artículo 79 no es letra muerta: es un mandato que debe asumirse con seriedad, dotando a Gendarmería de las herramientas y la formación necesarias para que las muertes en cárceles no se transformen en muertes sin investigación, sin responsables y, en definitiva, sin justicia.