VIOLENCIA ESCOLAR. Cuando la sala de clases se transforma en escenario de delito y riesgo sanitario

En los últimos años, la violencia escolar ha dejado de ser una preocupación exclusiva de psicopedagogos o docentes. Hoy, se configura como un fenómeno transversal que exige respuestas desde el mundo jurídico, la salud pública y, en particular, desde las ciencias forenses. No estamos hablando solo de insultos entre compañeros o peleas esporádicas en los pasillos. Hablamos de agresiones físicas, acoso sexual, ciberbullying, amenazas con armas blancas, e incluso muertes asociadas al entorno escolar. Lamentablemente, estas situaciones ya no son parte de un imaginario excepcional: están ocurriendo en nuestros colegios, liceos y jardines infantiles.

La escuela, históricamente pensada como un espacio de protección, formación y desarrollo integral, hoy se encuentra tensionada por fenómenos que antes eran impensables. Profesores agredidos por apoderados, estudiantes violentando a sus compañeros, y comunidades enteras afectadas por el temor y la desconfianza. Esta realidad no solo afecta el aprendizaje, sino también la salud mental y física de todos los actores del sistema educativo.

Desde la perspectiva legal, Chile cuenta con un marco normativo robusto, pero aún subutilizado. La Constitución reconoce el derecho a la educación y a la protección de la infancia, mientras que leyes como la N° 21.128 (Ley Aula Segura) permiten sancionar conductas graves. Además, la Ley N° 21.430 sobre Garantías de los Derechos de la Niñez y Adolescencia y la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (N° 20.084) buscan proteger a los menores tanto como sancionar conductas delictivas. No obstante, muchos funcionarios educacionales aún desconocen que tienen un deber legal de denunciar los delitos que afecten a estudiantes, según lo dispuesto en el artículo 175 del Código Procesal Penal. El silencio, en estos casos, puede significar negligencia.

Aquí es donde las ciencias forenses adquieren un protagonismo ineludible. Lejos de limitarse a la escena del crimen clásica, la medicina legal y criminalística se aplican en contextos educativos para documentar lesiones, conservar evidencia, establecer cronologías del daño y determinar eventuales responsabilidades penales. En casos de abuso sexual, por ejemplo, el cuerpo de la víctima se transforma en una escena del crimen: se requieren protocolos estrictos, cadena de custodia, toma de muestras y evaluación clínica especializada.

Por su parte, la psiquiatría forense cobra un valor cada vez más central, no solo para evaluar el impacto psicológico en las víctimas, sino también para comprender el daño emocional que sufren docentes, asistentes de la educación y funcionarios escolares expuestos sistemáticamente a situaciones de violencia. Casos documentados revelan síntomas de trastorno por estrés postraumático, ansiedad generalizada, ideación suicida, e incluso la concreción de este último como respuesta desesperada frente a un entorno laboral percibido como hostil e incontrolable.

En este contexto, resulta fundamental vincular este fenómeno con el marco legal sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, especialmente lo dispuesto en la Ley N° 16.744, que establece normas sobre accidentes laborales y protección frente a enfermedades derivadas del ejercicio profesional. Cuando un docente o trabajador de la educación sufre una agresión dentro de un establecimiento educacional, no solo estamos frente a un delito, sino también frente a un accidente laboral cubierto por esta legislación.

Asimismo, en el caso de los estudiantes, el Seguro Escolar (establecido por el D.S. N° 313 del Ministerio del Trabajo, 1972) permite cubrir atención médica, hospitalaria y rehabilitación en caso de accidentes ocurridos durante actividades escolares, prácticas profesionales o trayectos. Sin embargo, muchas veces las agresiones entre pares, los intentos de suicidio o los episodios de violencia estructural no son reconocidos formalmente como accidentes escolares, lo que dificulta el acceso a cobertura y reparación.

Esto evidencia una falta de articulación entre los sistemas educativos, de salud y judicial, lo que puede derivar en impunidad, revictimización o abandono institucional. El concepto de daño en este escenario no es solo clínico o jurídico: es un fenómeno complejo que atraviesa cuerpos, biografías y estructuras sociales.

Tipos de violencia escolar identificados:

• Maltrato físico
• Abuso sexual
• Acoso escolar (bullying, cyberbullying, mobbing)
• Discriminación
• Robo o hurto
• Destrucción de la propiedad

Estas manifestaciones no ocurren en el vacío. Son consecuencia de múltiples factores: entornos familiares disfuncionales, falta de políticas preventivas, exposición no regulada a redes sociales y contenidos violentos, además de elementos psicológicos individuales. Tal como advierte la literatura internacional (Tian & Zhang, 2022), la violencia escolar tiene causas multivariadas, pero soluciones integrales aún escasas.

Frente a este escenario, no basta con reaccionar. Se necesita prevención, protocolos de actuación, equipos interdisciplinarios capacitados, infraestructura segura, cámaras, planes de evacuación, y acompañamiento psicológico permanente. Pero, sobre todo, se requiere voluntad: de los directivos, de los docentes, de los padres, del Estado.

Porque cada vez que una víctima no es escuchada, cada vez que un docente calla por miedo o desconocimiento, se fortalece el ciclo de la impunidad. Y cuando la escuela falla en proteger, no solo fracasa en su rol educativo: se transforma, lamentablemente, en el primer eslabón de un daño más profundo.

Si no se abordan sus causas estructurales, si no se denuncian sus consecuencias, y si no se adoptan estrategias integradas de intervención, la violencia escolar dejará de ser solo un problema educativo o judicial. Terminará consolidándose como un problema de salud pública: una amenaza silenciosa pero devastadora para el bienestar emocional de estudiantes y docentes, y para la paz social de toda una generación.