El rol del perito, la ética y la legalidad

El perito cumple una función esencial como vínculo entre la ciencia y la justicia. Su labor no consiste en opinar, sino en aportar una verdad técnica basada en evidencia, método y responsabilidad. Cada informe representa un acto de confianza: el sistema judicial deposita en él la interpretación objetiva de los hechos.

La ética pericial no es un complemento, sino el eje que da sentido a toda actuación profesional. En la formación del perito, junto con la criminalística, el derecho y la gestión de la información, la ética debe ocupar un lugar transversal e indispensable. Es el principio que orienta el ejercicio técnico hacia la verdad, la prudencia y el respeto por las personas involucradas en un proceso judicial.

Cuando esa base ética se debilita, se abre la puerta a la ilegalidad. Modificar conclusiones, alterar resultados, filtrar información reservada o actuar movido por intereses personales no son simples faltas: son conductas que pueden transformarse en delitos y comprometer la fe pública. En este sentido, la ética no solo resguarda la credibilidad del profesional, sino también la legalidad del proceso judicial en su conjunto.

En Chile, la labor pericial ha sido objeto de cuestionamientos desde principios de los años 2000, debido a escándalos públicos, peritos mediáticos y otros que, al incursionar en la política, terminaron involucrados en causas judiciales. Estos hechos han generado desconfianza social y exigen ejercer la función pericial con mayor prudencia, reserva y compromiso con la verdad.

El perito no es un comentarista ni un vocero mediático. La confidencialidad y el respeto por los tiempos judiciales son tan importantes como la técnica y la objetividad. Divulgar hallazgos o comentar públicamente casos abiertos constituye una falta de respeto hacia el proceso y hacia las partes involucradas.

Asimismo, es fundamental que el ejercicio pericial esté acompañado de procesos de certificación y respaldo institucional. Las universidades, los colegios profesionales y las instituciones públicas deben participar activamente en la validación, actualización y supervisión de los peritos, asegurando su competencia técnica y su formación ética continua. La ética no se proclama: se demuestra con preparación, responsabilidad y transparencia.

Sin ética, el conocimiento pierde su valor.

Y sin legalidad, la justicia deja de cumplir su propósito.